09/02/2017
Bruselas insta de nuevo a España a que incremente la fiscalidad medioambiental
El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, durante la presentación del análisis el lunes 6 de febrero en Bruselas. El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, durante la presentación del análisis el lunes 6 de febrero en Bruselas.

La Comisión Europea afirma que nuestro país tiene “un margen claro para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos”. De forma más concreta, denuncia que España “todavía subvenciona los combustibles fósiles, el carbón local, los automóviles de empresa y el gasóleo con respecto a la gasolina cuando los objetivos políticos podrían alcanzarse de manera menos perjudicial para el medio ambiente”.

Estas afirmaciones se incluyen en un análisis de las políticas fiscales desarrolladas por los 28 países integrantes de la Unión Europea, hecho público el 6 de febrero, y en el cual el Ejecutivo europeo asegura que los ingresos obtenidos por España mediante políticas fiscales medioambientales se encuentran entre los más bajos de la Unión Europea.

De hecho, y según datos de 2014, España es -tras Lituania y Eslovaquia- el tercer país con el porcentaje más bajo de ingresos fiscales provenientes de tasas medioambientales de toda la UE. Así, los ingresos provenientes de impuestos medioambientales supusieron únicamente el 1,85 % del PIB frente a una media del 2,46 % en la Unión Europea. Además, España es uno de los países con un porcentaje más bajo de fiscalidad ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales (5,5% del PIB en 2014, cuando la media de la UE se sitúa en el 6,35%).

Desde la Comisión Europea se lamenta que España sea “uno de los Estados miembros que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósiles” y señala que “el diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental: el diésel emite niveles superiores de varios contaminantes atmosféricos y debería estar sujeto a impuestos más elevados”.

En este sentido, en el citado análisis se recoge que el diferencial del diésel en España es del 26% a favor del gasóleo (un 0% indica el mismo nivel impositivo para automóviles de gasolina o diésel). Al aplicar impuestos más bajos sobre el diésel se produjo una 'dieselización' del parque automovilístico en Europa, un fenómeno más acusado en nuestro país, según los autores del estudio, quienes mantienen que en la actualidad “más del 55% de los nuevos vehículos matriculados en la UE son diésel, mientras que en España esta cifra llega al 63%”.

Fragmentación normativa
El informe sobre España (puede consultarse aquí) muestra que muchos impuestos medioambientales, entre los que cita los relativos a la contaminación del aire, “se adoptan y aplican a escala regional e incluso local, con una elevada dispersión normativa y distintos enfoques”. Esta disparidad normativa “puede conducir a la fragmentación del mercado y a ineficiencias económicas”.

Ante esta circunstancia los autores del estudio proponen que España debería considerar “todo el potencial de la fiscalidad medioambiental, así como aplicar un informe coherente en todo el país, a fin de aprovechar los beneficios ambientales, económicos y sociales (puestos de trabajo)”.

Según el análisis de la Comisión Europea, España no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente, aunque su abandono “puede ofrecer ventajas económicas, sociales y medioambientales, permitir una mayor competitividad y contribuir a la consolidación presupuestaria”. Además, considera “importante garantizar que los tipos impositivos de la energía sean más uniformes en todos los combustibles y usos, y que el sistema tributario no favorezca indebidamente las soluciones basadas en los combustibles fósiles”.

La reforma de la fiscalidad relacionada con el medio ambiente puede desempeñar un papel importante para mantener el crecimiento económico, se argumenta en el análisis. Así, gravar la contaminación y el uso de los recursos “aportaría ingresos adicionales y, al mismo tiempo, contribuiría a desincentivar actividades que puedan suponer un mayor coste en el futuro en lo que a limpieza, gastos sanitarios, etcétera, se refiere”. Estos ingresos suplementarios podrían, además, sustituir los recortes en el gasto público.

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