Patronales, sindicatos y Cocemfe apoyan las legislaciones autonómicas contrarias a las desatendidas

La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), UGT, CC.OO. y La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) difundieron el jueves por la tarde un comunicado conjunto en el cual muestran su apoyo al mantenimiento de la legislaciones aprobadas en varias comunidades autónomas que obligan a los puntos de venta de carburantes a incorporar a una persona responsable de la instalación.

Los colectivos consideran que la decisión de la Comisión Europea de admitir a trámite una denuncia contra España “por su inacción ante la proliferación de estas normativas” es un paso administrativo habitual “que no conlleva ningún posicionamiento a priori y que estas normativas no constituyen restricciones relevantes en el libre mercado, dado el carácter del producto y el servicio en cuestión”.

Las organizaciones, que ya firmaron una respuesta conjunta a un informe publicado a finales de julio por la CNMC en la que el organismo regulador mostró sin ambages su apoyo al modelo desatendido, sostienen “la necesidad de mantener las normas básicas de un sector de interés nacional para garantizar los derechos de los consumidores, el mantenimiento del empleo, la seguridad de las personas y del medio ambiente y la atención a las personas con discapacidad, entre otras grandes razones”.

Asimismo, reivindican “la vital importancia de los trabajadores en las estaciones de servicio por su profesionalidad y formación de cara a la atención a los usuarios con un objetivo primordial de contribuir al mantenimiento del empleo en España”.

Además, añaden que las normativas que obligan a contar con al menos un empleado en estas instalaciones “se fundamenta en la necesidad de una utilización correcta de los elementos básicos de la estación de servicio y su vigilancia, porque su mal uso pudiera generar riesgos personales y medioambientales. Es imprescindible”, agregan, “garantizar una intervención inmediata en casos de incidentes o accidentes, una responsabilidad que no se puede trasladar al consumidor”.

Los colectivos subrayan que el artículo 51 de la Constitución “establece la obligación a las administraciones públicas de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios”. Además, continúa la nota de prensa, las gasolineras desatendidas “impiden que personas con discapacidad reciban la asistencia necesaria para poder ejercer sus derechos como consumidores y hacer su vida con la mayor autonomía posible”.

En cualquier caso, Aevecar, CEEES, UGT, CC.OO y Cocemfe ofrecen al Gobierno de España y a la Comisión Europea “toda la colaboración que puedan prestar en el desarrollo de un expediente que requiere el máximo rigor y la experiencia acumulada por el trabajo realizado durante muchos años y por tratarse de un sector de interés nacional con unas normas que han demostrado un buen funcionamiento para el sector con total satisfacción de los ciudadanos”.